La sentencia afirma que la empleada sólo trasladó a su superior anomalías que había detectado y que "eran puramente laborales"
Mayte del Castillo, vecina de Torrent, llevaba unos dos años trabajando como auxiliar de Servicio a Domicilio (SAD) cuando decidió dirigirse a su coordinadora para "trasladarle algunas anomalías que había observado dentro del sistema, como que no se llevaba un control de las pastillas de los usuarios". Poco después, en mayo de 2009, la trabajadora recibe una carta de despido. Ahora, el juez de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha considerado tal despido como "improcedente", ratificando así la sentencia dictada por el Juzgado número 8 de lo Social contra la que la empresa Povinet SCV, junto con la Asociación Sercoval, había presentado recurso. Ambas trabajan para Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia.
Según el fallo judicial, "sólo se trasladaron a la responsable quejas que eran puramente laborales", lo que "es una conducta que merece reproche", pero "no resulta tributaria de la más grave sanción de despido". Además, la sentencia continúa diciendo que "no se acredita que en las manifestaciones de la trabajadora concurriera una calificación de la actuación empresarial ofensiva y zaheridora que constituya una transgresión de la buena fe contractual". "Se ha reconocido que los trabajadores tenemos derechos y que no debemos ser pisoteados por las empresas", considera Mayte del Castillo, quien ha recibido cerca de 13.000 euros en concepto de salarios de tramitación e indemnización.
"Yo veía que se daban circunstancias que no eran normales y percibía que había falta de seguridad", relató la afectada. Por ello, decidió presentar una denuncia ante la Dirección Provincial de Inspección de Trabajo para dar parte de hechos como que "no se le informara de la situación clínica de cada persona con la que trabajaba -con enfermedades contagiosas y problemas mentales- poniendo en peligro mi salud y mi integridad física", se lee en la denuncia. Ante la reclamación, la dirección Provincial de Inspección de trabajo realizó un informe donde se especifica que la empresa tiene un plazo de tres meses para enviar otro informe al inspector, donde se señalen las medidas requeridas que se han adoptado, como "impartir acciones formativas e informativas sobre los riesgos específicos detectados, y que sean específicas y adecuadas", indica el documento.
Le acusaron de robar
Además, la empresa apoyó su decisión de despido por "falta muy grave" al "haber desaparecido 170 euros" y "varias piezas de oro" donde Castillo "había prestado servicio durante las últimas semanas", entre otras acusaciones. De hecho, la entidad aportó al juicio documentos -todos escritos a ordenador- firmados por varios usuarios en los que se acusaba de "robar", de "presionar" e incluso "asustar" a los usuarios.
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