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Se habla mucho del qué tenemos que hacer frente a la crisis, es decir, qué respuestas políticas y económicas debemos desarrollar para acabar con esta situación, o bien, al menos, para paliar sus efectos sobre ciertos grupos sociales más desprotegidos. Incluso algunos, los menos, buscan respuestas que nos protejan de estas situaciones en el futuro. La verdad es que resulta difícil abstraerse de este juego de respuestas inmediatas ante la caída de la renta, la destrucción de puestos de trabajo, o la penuria económica de muchas familias. Pero cabe preguntarse si lo urgente esté desplazando de la agenda política lo más importante. Está claro, por poner un símil sanitario, que hay que resolver los casos de urgencia pero sin desatender la atención primaria y especializada universal, que es en lo que se basa la fortaleza del propio sistema sanitario.
En CCOO PV pensamos que debemos resolver la pérdida de empleo de miles de trabajadoras y trabajadores, debemos atender a las familias con menos ingresos, debemos asegurar el acceso de la población con mayores dificultades a ciertos servicios públicos, debemos dar seguridad a nuestro sistema financiero, o debemos asegurar a miles de empresas eficientes líneas de financiación estable. Estas son las urgencias. Pero del mismo modo, insistimos en que no podemos olvidarnos de resolver la debilidad de nuestro sistema productivo, de consensuar un nuevo modelo de crecimiento más estable y no basado únicamente en la construcción y el turismo, de mejorar los niveles de estabilidad en la ocupación y los derechos de trabajadoras y trabajadores, de ampliar y fortalecer nuestros sistemas de protección social con una estructura de ingreso y gasto equitativa y justa, de fortalecer nuestra sostenibilidad medioambiental, esto es lo importante.
CCOO PV no va a permitir que estas urgencias sirvan como excusa para otros objetivos ideológicos. La pérdida de empleo no puede ser excusa para abaratar el coste del despido, aumentar la flexibilidad laboral o reducir los salarios. El aumento del gasto público por la caída del ingreso no puede ser excusa para diminuir nuestros niveles de protección social en desempleo, pensiones, sanidad o educación. Las necesidades financieras de nuestras empresas no pueden ser excusa para rebajar las obligaciones que tienen en el ámbito medioambiental, fiscal o laboral.
Más bien al contrario, estas urgencias se producen, entre otros, por nuestras propias debilidades estructurales. Nuestro desempleo aumenta porque nuestro mercado de trabajo es excesivamente flexible. Nuestro sistema de protección social se debilita rápidamente porque nuestro sistema de ingresos públicos se ha ido desmantelando poco a poco, perdiendo equidad. Nuestras empresas están padeciendo más la crisis porque sus estrategias competitivas se basaban excesivamente en el coste y no tanto en la diferenciación de producto en todas sus vertientes. Nuestro modelo de crecimiento ha fracasado porque se primó la especulación financiera y el beneficio rápido frente a la inversión en mejora de la competitividad de nuestra estructura productiva. A lo largo y ancho del País Valenciano, se primó, por desgracia, el propio desmantelamiento de nuestro aparato productivo.
La economía valenciana tenía tradición industrial propia, sectores productivos muy dinámicos que han ido decayendo gracias al olvido de la administración valenciana, la cual pensó hace ya algunos años que el futuro de nuestro modelo de vida pasaba por el binomio construcción/turismo, sin pensar en la insostenibilidad ambiental de este patrón de crecimiento y sin pensar que era volátil, frágil y con escaso valor añadido. Se llegó a pensar en sembrar de campos de golf nuestro territorio, y que la expansión urbanística llegaría a todos los rincones. Bajo este paradigma se malgastó el dinero público, se debilitaron nuestros sistemas de protección social (educación y sanidad sobre todo), se deterioró nuestro territorio,… Ahora, no sólo debemos exigir responsabilidades, sino también un cambio drástico de este “modus vivendi político”.
Publicado en Las Provincias
