El afán de la cúpula de Cacsa por controlar al gestor retrasa la licitación del concurso

Henar Molinero y su equipo quieren introducir cláusulas que garanticen una amplia labor de supervisión

El concurso para la privatización de la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias no termina de arrancar. Una de las razones es que el actual equipo de dirección, con Henar Molinero a la cabeza, está trabajando en la introducción en el pliego de condiciones de cláusulas que garanticen una amplia capacidad de control y supervisión de la empresa pública sobre la labor que desarrollo el futuro operador conjunto del Oceanogràfic, el Museo de las Ciencias, el Hemisfèric, y el Ágora. Molinero está siendo asesorada en esta tarea por la directora de Calidad de Cacsa, Elena Vallés, y por el responsable de Veterinaria de la empresa pública para el Oceanogràfic, Francisco Torner.
Los tres quieren introducir mayor capacidad de supervisión sobre el concesionario. Esto podría generar suspicacias entre los aspirantes que pueden ver en esas cláusulas un escollo para la flexibilidad y libertad en la toma de decisiones relativas a su labor de gestión. La posición de Molinero y su equipo está provocando cierto malestar en ámbitos de la Generalitat, que teme que los posibles operadores den un paso atrás si el pliego de condiciones no les convence.
Otro de los motivos del retraso en la licitación del concurso es que el Consell ha encargado nuevos informes jurídicos para garantizarse que no hay fallas en los pliegos que puedan provocar impugnaciones por parte de alguno de los aspirantes. La complejidad del proceso y la magnitud del contrato hace que el Ejecutivo de Alberto Fabra no quiera encontrarse con una posible nulidad de la contratación.
Por su parte el comité de empresa de Cacsa anunció ayer que llevará a cabo concentraciones ante la "ausencia de respuestas" sobre las condiciones laborales y sociales que deberían estar incluidas en el pliego de privatización de la entidad.
Así lo indicó la representación de los trabajadores en un comunicado en el que lamentó que, pasado un plazo "más que razonable" de 15 días, y tras un año de "reiteradas" preguntas, sigue sin respuestas ante su situación.
Al respecto, el comité añadió que durante una reunión el pasado 8 de octubre, el secretario autonómico de Turismo, Daniel Marco, se comprometió a ofrecerles una "respuesta clara" sobre las condiciones laborales y sociales que deberían estar incluidas en el pliego de privatización de la gestión de la empresa. El nuevo operador asumirá la plantilla de la empresa.